La Corte Constitucional del Ecuador está siendo objeto de ataques por parte del Gobierno Nacional como respuesta a sus fallos, específicamente a la suspensión de leyes que otorgaban más poder a las fuerzas armadas.
Reducir instituciones públicas no es eficiencia ni modernización; es negligencia.
El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la fusión y eliminación de varios ministerios–entre ellos, el de la Mujer y Derechos Humanos, el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y otras instituciones–representa un grave retroceso institucional que compromete seriamente el cumplimiento de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza, de las personas y territorios más vulnerables de este país. Esta decisión no solo debilita la arquitectura institucional encargada de proteger y garantizar derechos. Además vacía de contenido político y operativo las políticas públicas que requieren liderazgo específico, enfoque técnico y presupuesto adecuado.
Rechazamos el proyecto de Ley “Económico” propuesto por Presidente Noboa que pretende instaurar un régimen de Terrorismo de Estado dejando intactas y blindadas las economías criminales
Frente al diferimiento de la audiencia preparatoria de juicio en caso de Los Cuatro de Las Malvinas y la nueva intención de encubrimiento por parte de las Fuerzas Armadas, el CDH se pronuncia.
El día 10 de julio de 2025 debía instalarse la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio en la Unidad Judicial Penal Sur Valdivia en el caso de la desaparición forzada de los cuatro niños del sector de Las Malvinas. Sin embargo, la diligencia fue suspendida a pedido de la defensa técnica de los militares procesados, ante la incorporación reciente de peritajes y documentos a los que no habrían tenido acceso oportuno.
Sobre el incremento de casos de desapariciones forzadas
en manos de las Fuerzas Armadas en la costa del Ecuador.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) expresa su profunda preocupación frente al aumento sostenido de denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el contexto de militarización del Ecuador.