Militares impiden plantón de familiares de detenidos

Reporte sobre restricción del derecho a la protesta social pacífica ejercido contra familiares de personas privadas de libertad en el centro de privación de libertad de Santa Elena.

Reporte sobre restricción del derecho a la protesta social pacífica ejercido contra familiares de personas privadas de libertad en el centro de privación de libertad de Santa Elena.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denuncia públicamente la difusión deliberada de información falsa en torno al caso del asesinato de la hermana de uno de los cuatro niños de Las Malvinas, por parte de medios de comunicación y plataformas digitales. Este hecho reviste de extrema gravedad, debido a la premeditación de generar daño, y no puede ser tolerado ni normalizado. Ver publicación de Ecuador Chequea sobre video falso de sepelio de Adriana Arrollo: https://tinyurl.com/2s3way3d

El CDH expresa su profunda preocupación por la ocupación gubernamental de las instalaciones de la empresa municipal Segura EP, anunciada la noche del 15 de febrero de 2026, a través de redes sociales, por el Ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, quien informó que los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP pasarían a integrarse al sistema nacional de seguridad, bajo coordinación directa del Ministerio del Interior y de la Fuerza Pública. El anuncio se hizo sin explicación previa ni presentación de fundamentos legales que sustenten la medida. Horas antes, también por redes sociales, el Ministro señaló la existencia de “estructuras operando en la sombra, para provocar violencia y desorden” en Guayaquil, sin detallar a quiénes se refería, ni aportar elementos verificables. Las afirmaciones del Ministerio del Interior insinuaron posibles responsabilidades de Segura EP en relación con los incendios ocurridos en la ciudad y presentaron la medida como una “toma de control”.

La sentencia de la Corte Constitucional por el caso de LosCuatroNiñosDeLasMalvinas, publicada el 5 de marzo del 2026, es un instrumento significativo en relación con el reconocimiento de la gravedad del daño de la desaparición forzada, las acciones para repararlo y evitar su repetición.

El CDH expresa su preocupación por los crecientes indicios de autoritarismo gubernamental que se vive en el Ecuador, y alerta a la comunidad nacional e internacional, por una serie de hechos que desnaturalizan la convivencia democrática en nuestra sociedad, y coartan el derecho constitucional a criticar las acciones del gobierno y a ejercer la oposición democrática a sus políticas.