La sentencia de la Corte Constitucional por el caso de LosCuatroNiñosDeLasMalvinas, publicada el 5 de marzo del 2026, es un instrumento significativo en relación con el reconocimiento de la gravedad del daño de la desaparición forzada, las acciones para repararlo y evitar su repetición.
El CDH expresa su profunda preocupación por la ocupación gubernamental de las instalaciones de la empresa municipal Segura EP, anunciada la noche del 15 de febrero de 2026, a través de redes sociales, por el Ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, quien informó que los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP pasarían a integrarse al sistema nacional de seguridad, bajo coordinación directa del Ministerio del Interior y de la Fuerza Pública. El anuncio se hizo sin explicación previa ni presentación de fundamentos legales que sustenten la medida. Horas antes, también por redes sociales, el Ministro señaló la existencia de “estructuras operando en la sombra, para provocar violencia y desorden” en Guayaquil, sin detallar a quiénes se refería, ni aportar elementos verificables. Las afirmaciones del Ministerio del Interior insinuaron posibles responsabilidades de Segura EP en relación con los incendios ocurridos en la ciudad y presentaron la medida como una “toma de control”.
El CDH y familiares de desaparecidos realizan protesta simbólica en Mesa de Diálogo con Gobierno Nacional ordenada por la CIDH.
El 31 de julio del 2026 en salón del Palacio de la Gobernación de Guayaquil, delegados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Comité de Familiares por la Verdad y la Justicia de Nuestros Desaparecidos se colocaron vendas en la boca con la frase “No a la Impunidad” durante sesión de la Mesa de Diálogo con el Gobierno Nacional por Desapariciones Forzada. El gesto simboliza la denuncian por el incumplimiento de las medidas cautelares N.º 402-25, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras en el marco de un estado de excepción respecto de Ecuador.
El CDH expresa su preocupación por los crecientes indicios de autoritarismo gubernamental que se vive en el Ecuador, y alerta a la comunidad nacional e internacional, por una serie de hechos que desnaturalizan la convivencia democrática en nuestra sociedad, y coartan el derecho constitucional a criticar las acciones del gobierno y a ejercer la oposición democrática a sus políticas.
Las personas tienen derecho a expresar su descontento y el gobierno tiene la obligación de garantizar las expresiones ciudadanas.
